En medio de una cadena de improvisaciones y de falta de planificación, finalmente fracasó el proceso para la implementación de un contrato APP para garantizar la navegabilidad por el río Magdalena entre Barrancabermeja y Bocas de Ceniza.

Es evidente que los dos últimos gobiernos, en cabeza de Juan Manuel Santos e Iván Duque, incumplieron sus compromisos por mejorar las condiciones de la principal arteria fluvial del país y, con ello, contribuir a la reactivación económica y el fortalecimiento del comercio exterior colombiano.

Lo sucedido este jueves, con la declaratoria de desierta del proceso por la falta de proponentes, es fiel reflejo de lo que ha venido ocurriendo desde 26 de mayo de 2014 cuando el entonces Director de Cormagdalena, el barranquillero Augusto García Rodríguez, abrió una primera licitación mediante Resolución 000164.

En esa oportunidad el valor de la concesión fue estimado en 1 billón 318.824 millones 175 mil 651 pesos.

El contrato fue adjudicado el 15 de agosto de 2014 y firmado el 13 de septiembre del mismo año.

Sin embargo, lo que vendría después serían problemas, más que soluciones, todos ellos atribuibles al adjudicatario, la sociedad Navelena S.A.S., conformada por Odebrecht (de Brasil) y Valorcon (de Barranquilla).

En efecto, el concesionario tenía plazo hasta el 13 de junio de 2016 para acreditar el cierre financiero y no lo hizo, incumpliendo sus obligaciones contractuales.

Luego, el 15 de diciembre de 2016 radicó una “oferta irrevocable de financiación” de Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), con lo cual aparentemente el tema quedaba solucionado.

Pero no fue así porque para la época estalló el escándalo de corrupción de Odebrecht, tras lo cual SMBC declaró como “no cumplidas las condiciones para el otorgamiento de la financiación y, por lo tanto, extinguida la oferta de crédito”.

Ante ello, el 23 de marzo de 2017, mediante Resolución 00078, Cormagdalena determinó “declarar ocurrido el siniestro de incumplimiento definitivo y declaratoria de caducidad” de dicho contrato, el cual se dio por terminado el 18 de abril del mismo año.

No obstante, en el acta de liquidación suscrita el 12 de octubre de 2017 y ajustándose a los “amarres” de la contratación, se contempló el pago de una compensación a favor de Navelena S.A.S., por valor de 189.068 millones 92 mil 362 pesos con 66 centavos.

En este acto, el entonces Director de Cormagdalena, Alfredo Varela De la Rosa, dejó constancia de la decisión. Un salvamento en el cual la Corporación se reservaba los derechos de ejercer todas las acciones legales para lograr el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por Navelena.

Así las cosas, la APP con Navelena quedó sepultada.

Con el agravante que la Contraloría General de la República (CGR) llevó a cabo una auditoría a Cormagdalena en el contrato de APP con el asociado, Navelena S.A, en la cual encontró que la Corporación celebró tres contratos dirigidos al objetivo de ejercer vigilancia, control y seguimiento de la APP: uno por interventoría, uno para un Equipo de Supervisión y un tercero de consultoría, asesoría, apoyo y acompañamiento con cargo a todos los recursos de la subcuenta de la Gerencia del proyecto del contrato de APP.

A lo que se sumó un cuestionado crédito de Navelena con el Banco Agrario por 120 mil millones de pesos, sin garantía de pago, causando un detrimento al Estado por $135.805 millones

Duque: ‘borrón y cuenta nueva’

Posteriormente, al iniciar su mandato el 7 de agosto de 2018, el Presidente Iván Duque decidió un ‘borrón y cuenta nueva’ frente al tema.

Anunció una nueva estructuración del proyecto, partiendo de cero.

Sin embargo, para esa rigurosidad de una nueva estructuración hubo que esperar 2 años y 7 meses.

Fue el 16 de marzo de 2021 cuando, durante la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Barranquilla, la Ministra Ángela María Orozco, oriunda de esta capital, anunció la famosa “nueva estructuración” para lograr la tan anhelada navegabilidad del río Magdalena.

En esta oportunidad fue diseñada una APP por un valor de 1 billón 512.754 millones 469 mil 22 pesos.

Pero también hubo necesidad de esperar otros 7 meses para que, al fin, el nuevo proceso fuese abierto el 29 de octubre de 2021, teniendo como meta de adjudicación el 10 de junio de este año.

Y comenzaron los aplazamientos. La fecha de adjudicación fue modificada en varias ocasiones: 29 de junio de 2022, 15 de julio de 2022 y 12 de julio de 2022.

La última ‘joyita’ de la corona

De todos los hechos que rodearon este último proceso, también llama la atención la modificación hecha por la ANI a los pliegos, en el sentido de reducir la capacidad en tolva de la draga requerida, de 3.700 a 2.700 metros cúbicos, situación que fue advertida por Asoportuaria y CCI Sede Norte.

“Una draga con capacidad de 2,700 m3 de tolva, realiza en cada ciclo de dragado, en el mejor de los casos, cerca del 75% de su capacidad en sedimentos efectivamente removidos, teniendo en cuenta, la densidad del sedimento, la succión de agua y de otros elementos en la tolva. Esto quiere decir, que en cada ciclo, se remueven unos 2,000 m3 efectivos. En la zona portuaria de Barranquilla, al día, se logran realizar, en el mejor de los casos, entre 4 y 5 ciclos de dragado. El resto del tiempo, se consume en navegación, tráfico portuario, realización de batimetrías, entre otros. Estos tiempos, son relativamente indiferentes al tamaño de la tolva, pues el tamaño también va acompañado, de mayores dimensiones en las tuberías internas, bombas y demás equipos. Este dato, ha sido coincidente con dragas desde los 4,000 m3 hasta los 14,000 m3 que han trabajo en los últimos años en la zona portuaria”, argumentaron las agremiaciones en sus observaciones ante la ANI.

Lo anterior quiere decir, que este tipo de equipos, trabajando a su máxima capacidad, operando 300 días del año, con los 65 días restantes para abastecimientos, mantenimientos rutinarios y mayores, entre otras, tendrá la capacidad de dragar, a lo sumo, 3,050,000 M3, expusieron los gremios.

“Esta cifra podría ser razonable para años de baja sedimentación, pero para años como los más recientes en la Zona Portuaria de Barranquilla, sería insuficiente. Solo en el año 2021, se dragaron cerca de 3,000,000 de m3 y en el presente año, se han contratado 3,300,000 M3 con una alta probabilidad de que sean insuficientes para terminar el año”, advirtieron.

Del mismo modo recordaron que en el pasado se han presentado dificultades con dragas de tamaño inferior. En el año 2020 la draga Hang Jun 5001 tuvo numerosos inconvenientes para dragar en los primeros cuatro meses del año debido a las condiciones anteriormente mencionadas. Esto ocasionó el deterioro de las condiciones operativas.

“En el año 2018 la draga De Bougainville, con capacidad de 4.000 M3 en tolva, duró cerca de 45 días sin poder dragar por la misma razón. Es evidente entonces que una draga de menor capacidad va a afrontar retos superiores para poder realizar su labor. Teniendo en cuenta lo anterior y entendiendo que es responsabilidad del contratista cumplir con los niveles de servicios, si debemos solicitar que se tenga en cuenta la parte técnica del equipo mínimo sugerido, pues este debe estar, al menos, en capacidad de cumplir con dichos niveles de servicios requeridos”, señalaron en sus observaciones que no fueron tenidas en cuenta por la ANI, a cargo del proceso.

‘Borrón’ definitivo y el río ‘a la deriva’

La ‘estocada’ final del proceso se registró este jueves cuando ningún proponente presentó oferta.

Resumiendo, la sumatoria del tiempo perdido en todo este proceso es el siguiente:

- El de Navelena apenas duró 2 años 10 meses y 23 días, en medio de incumplimientos y declaratorias de incumplimiento y caducidad.

- Desde entonces, incluyendo parte del anterior Gobierno de Juan Manuel Santos y de Iván Duque,se tardaron 4 años, 4 meses y 12 días para abrir un nuevo proceso.

- El Gobierno Duque duró 7 meses y 16 días en el nuevo proceso que fracasó con la famosa “nueva estructuración”.

En total suman 7 años, 5 meses y 16 días hablando de una fracasada APP que ahora tiene ‘a la deriva’ al río Magdalena.

Lo increíble del caso que varios barranquilleros han estado al frente de los procesos y los más recientes la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el Director de Cormagdalena, Pedro Pablo jurado.

Una APP bastante ‘sedimentada’.